El próximo 2 de de octubre de éste año no será un domingo cualquiera para los colombianos; la ciudadanía concurrirá a votar en el marco del plebiscito en el que se pone a consideración, por sí o no, los Acuerdos de La Habana que instrumentan el resultado de tres años de negociaciones entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Para que los mismos sean validados el número de votos por “Sí” debe superar al número de votos por el “No”, y alcanzar el piso del 13% del Padrón electoral. De acuerdo a la ley que lo regula el Plebiscito la consulta es un apoyo o rechazo de una decisión del Ejecutivo que es quien formula los términos de la consulta, que pese a impugnaciones, ha quedado firme.
La cuestión es compleja, el Presidente Juan Manuel Santos, impulsor de las negociaciones de paz apoya la validación de los Acuerdos, pero el ex presidente Álvaro Uribe se opone a los mismos. Si gana el “Si” los acuerdos resultarán convalidados y comenzará el proceso de implementación de una serie de medidas que implicarían el final del conflicto armado.
El conflicto se remonta a la mitad del siglo xx, en la década de 1950 y a partir del “Bogotazo” de 1948 Colombia se vio sacudida por violentos conflictos políticos entre liberales y conservadores; dicho período se denomina “La Violencia” e implicó más de 200.000 muertos y el desplazamiento de millones de habitantes. Al finalizar éste ciclo los partidos beligerantes llegaron a un acuerdo de alternancia en el poder que no incluyó reformas agrarias reclamadas por lo que muchos campesinos se sintieron defraudados y su descontento fue canalizado por grupos de “bandoleros” y simpatizantes con la revolución cubana que ante la avanzada anticomunista del continente se fueron concentrando en la Cordillera Central. Para los sesentas estos grupos fueron conformando una fuerza guerrillera que es el origen de las FARC.
Ocupantes de parte del territorio colombiano, las FARC llevan décadas de conflicto armado con el gobierno, realizando permanentes actos de terrorismo y secuestro de personas. Por su parte se denuncia que el Ejército colombiano ha procedido fuera de la ley en su lucha contra la guerrilla, incluyendo el rociamiento de grandes zonas naturales con peligrosos químicos defoliantes como el “agente naranja” utilizado en Vietnam.
Luego de más de medio siglo de conflicto armado han muerto 218.000 personas y 25.000 permanecen desaparecidas, el número de desplazados supera los 6.400.000 personas y se cuentan 21.000 personas secuestradas, 1754 víctimas de ofensas sexuales, y 11.000 personas fueron víctimas de minas antipersonales (que aun hoy no han sido desactivadas). Datos estremecedores que no calculan la pérdida de bienes ni de proyectos de vida. (datos revisables, claro, tomados del “Registro único de Víctimas” y “Centro de Memoria Histórica Colombiano”).
Los Acuerdos de La Habana (documento de 297 hojas) tendrían como efecto el cese bilateral de agresiones entre las Fuerzas Públicas y las FARC, dejación de las armas y desarticulación de los campamentos y paso a la institucionalización de los actores, la atención a la víctimas con la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad, con un sistema de sanciones muy controvertido por la inclusión de penas reparativas y no de prisión. La implementación de una importante reforma agraria que incluye redistribución de tierras e importantes programas de desarrollo para su explotación. Una reforma del sistema político que mejora la participación ciudadana, la creación de circunscripciones políticas temporales en las áreas afectadas con representación en el Congreso, reforma del sistema de voto y de partidos políticos con protección de los movimientos sociales. Otro punto importante es la erradicación de cultivos ilícitos, narcotráfico y consumo de drogas y por supuesto un compromiso por la eliminación de la violencia como forma de expresión política.
Las críticas, provenientes mayormente de la derecha colombiana, se centran en el estatus jurídico que derecho internacional que se da al Acuerdo para blindar su cumplimiento, al ropaje de plebiscito de la consulta que tildan de no obligatoria, también se objeta el acordar con una organización que, aseveran ha cometidos delitos humanos que quedarían impunes, tal es la opinión de Human Rights Watch, que se expide manifestando que los responsables de tales delitos, de ambas partes, pueden eludir la justicia sobre la base de la implementación de sanciones que excluyen la prisión o medidas similares. Uribe ha expresado contra los Acuerdos especialmente por la cuestión punitiva, reclamando penas de prisión efectiva.
La tensión se siente, Colombia necesita cerrar la hemorragia pero ésta última cuestión divide a su sociedad. La paz no puede construirse sin justicia y la cuestión para cada colombiano es si siente o no que el sistema de sanciones diseñado lo satisface. Quienes así lo crean votarán por el sí y al contrario, serán votos del no.
