La Segunda Guerra Mundial fue un
punto de inflexión en cuanto al horror que el hombre hace al hombre. Los
millones de muertos, la elección de blancos civiles como estrategia bélica, los
campos de concentración y la limpieza étnica, las bombas nucleares superaron
los pensable, poniendo al hombre en un lugar fuera de la humanidad. Se decidió
que dichos crímenes debían ser juzgados, y los autores condenados, por lo que
se constituyeron dos Tribunales de Justicia específicos, Nuremberg (ciudad muy
relacionada al nazismo) y Tokio. Se aplicaron principios de justicia
internacional de gran impacto, pero dichos tribunales fueron seriamente
cuestionados no solo por ser considerados “justicia de los vencedores” sino
también por considerar muchos especialistas que se había producido violaciones
a ciertas garantías penales. Por cierto, los hechos de Hiroshima y Nagasaki
nunca fueron cuestionados ni juzgados.
Con el correr de los años la idea
de Justicia Internacional se fue desarrollando sobre la base de los Principios
de Nuremberg, sin embargo el sistema se mantuvo en cuanto a la constitución de
Tribunales es post facto, es decir, con posterioridad a los hechos, con los
mismos cuestionamientos. Se han constituido tres Tribunales Especiales, para
situaciones en las que las violaciones de los derechos humanos fueron masivas.
El primero de ellos fue para el
conflicto de los Balcanes, el T E Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. La
desintegración de dicho país dio lugar a un conflicto entre esos pueblos, que
desde 1.991 incluyó limpiezas étnicas, campos de concentración, asesinatos
masivos por motivos religiosos, étnicos o de nacionalidad, con violaciones
masivas y torturas atroces. Europa repetía la experiencia del Holocausto.
En África se han dado otros dos,
el T E Penal Internacional para Ruanda, a raíz del conflicto tribal entre dos
étnias, tutsis y hutus que produjo en 1994 un genocidio en el que la población
hutu (85% del total de país) asesinó en 5 meses entre 800.000 y 1.000.000 de tutsis
(que componían el 15% de la población).
El otro Tribunal Penal Internacional especial es el de Sierra Leona,
inmersa en una guerra civil en la que se mezclaban el tráfico de los llamados
“diamantes sangrientos” y los “niños soldados”.
Sin embargo era claro en la
comunidad internacional que era necesario un Tribunal Penal Internacional que
pudiera juzgar nuevas situaciones, que contara con personal, material,
presupuesto y reglamentos propios, asegurando la operatividad de las garantías
penales. Gracias a los Estatutos de Roma, en 1.998 quedó conformada la Corte
Penal Internacional, cuya competencia es juzgar a los responsables por los
delitos de Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Crímenes
de Agresión (si bien no está totalmente definida esta figura, se refiere a los
responsables por la agresión de un estado a otro estado). Su competencia es
complementaria, dado que interviene si es que los órganos judiciales internos
de un país no pueden o no quieren intervenir.
Éste Tribunal fue creado para
intervenir en hechos posteriores a su constitución a instancias del Consejo de
Seguridad, por denuncia de un estado o por iniciativa de la Fiscalía. Es de
mencionar que el primer Fiscal de la Corte fue el abogado Argentino Luis Moreno
Ocampo, quien se había desempeñado como Fiscal adjunto al Fiscal Julio Cesar
Strassera en el emblemático Juicio a las Juntas durante el mandato presidencial
de Raúl Alfonsín.
No debe confundirse a la Corte
Penal Internacional con la Corte Internacional de Justicia, cuya competencia
está vinculada no a juzgamiento de crímenes sino a la resolución de conflictos
entre distintos Estados.
También debe recordarse que
muchas potencias no han aceptado la competencia de la Corte Penal
Internacional, especialmente EEUU, siendo la única lectura posible la de
entender que, a sabiendas de las frecuentes operaciones militares que llevan a
cabo, garantizan a su personal operativo inmunidad por sus actuaciones. A pesar
de las objeciones que sufre, muchas de ellas justas, se trata de un paso más en
la lucha internacional por lo Derecho Humanos.
